Sánchez exhumará al fusilado José Antonio en cuanto salga adelante la ley de memoria pactada con Bildu

Pedro Sánchez está decidido a aplicar a toda máquina la ley de «memoria democrática» en cuanto sea aprobada en las Cortes Generales. La previsión del Ejecutivo es que salga adelante ya en el mes de septiembre gracias al apoyo de Bildu. En plena crisis económica y con su Gobierno más debilitado que nunca, el presidente socialista quiere acelerar las medidas incluidas en una de sus normas estrella. Entre ellas, la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, fundador de La Falange y actualmente sepultado junto al altar de la Basílica del Valle de los Caídos.

A preguntas de OKDIARIO, fuentes gubernamentales confirman que, una vez se apruebe la ley, se pondrán en marcha las conversaciones con la familia Primo de Rivera para proceder a la exhumación. El texto de la norma determina que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas» y añade que «se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto».

En ese punto considera el Gobierno que tiene encaje la exhumación del fundador de La Falange. De hecho, la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo llegó a asegurar que no se exhumaría a Primo de Rivera como sí se hizo con Francisco Franco porque en este caso se le podría considerar «una víctima». El líder falangista fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 tras haber sido condenado por un delito de rebelión militar contra el Gobierno de la Segunda República. Tiempo después, sin embargo, Félix Bolaños confirmó que el Gobierno sí reubicaría los restos en cumplimiento de la nueva ley de memoria porque ningún «protagonista de la dictadura» podría estar en un «lugar preponderante» del Valle de los Caídos.

El Ejecutivo no dilatará esos planes y sigue adelante. Según fuentes gubernamentales, se intentará un acuerdo con la familia para que, o bien se lo lleve a otro lugar, fuera del Valle de los Caídos, o bien los restos se depositen en una de las criptas en la Basílica, pero nunca en un lugar destacado. En cualquier caso, lo que desde el Gobierno tienen claro es que, como ocurrió con Francisco Franco -protagonista de una exhumación mediatizada a bombo y platillo por La Moncloa- Primo de Rivera será también exhumado.

Exhumaciones

Como publicó este periódico, el Ejecutivo también quiere acelerar la exhumación de los restos que actualmente yacen en el Valle de los Caídos. Esos trabajos fueron suspendidos el año pasado por un juez de Madrid al considerar que podrían producirse daños irreparables y el Gobierno estaba a la espera de que la Justicia levantase las medidas cautelares, algo que se produjo hace unos días.

Fuentes gubernamentales aseguran ahora que ya está «todo preparado» para proceder a las exhumaciones y que están «a la espera» de que el Ayuntamiento de El Escorial levante la licencia para iniciar los trabajos.

El propio Ministerio de la Presidencia ha reconocido que estas labores serán complejas, debido a las grandes dificultades técnicas, y también ha advertido de que entrar en las criptas no garantiza que se localicen los cuerpos que se buscan.

Novedades

La ley de «memoria democrática» ha pasado este lunes un trámite parlamentario fundamental, con la aprobación del dictamen de la ponencia en la Comisión Constitucional. El proyecto se llevará ahora al Pleno del Congreso, donde se votará el próximo 14 de julio, y de ahí, al Senado. La idea del Gobierno es que se publique en septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La negociación con los grupos ha derivado en varias novedades importantes. Así, por ejemplo, se introduce una polémica enmienda, acordada con Bildu y Más País, por la que se designa una comisión técnica para elaborar un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983», es decir, ya en democracia.

Por otro lado, también se declara «ilegal» el régimen franquista y se procederá a la nulidad de todas sus condenas para aquellos que lo soliciten. Además, la lengua y cultura vasca, catalana y gallega serán consideradas «víctimas» y se suprimirán hasta 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978.

Otra de las novedades importantes que se han incorporado es que todas las víctimas, con la nueva ley, tendrán «derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado». Y eso implica reconocer también «el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura», una medida para la cual la Administración estará obligada a llevar a cabo una auditoría en un plazo máximo de un año.

Críticas

En el debate celebrado este lunes en la Comisión Constitucional del Congreso se han escuchado las críticas de la oposición al Gobierno por pactar la ley con «los herederos políticos de los asesinos de ETA», en alusión a Bildu. «Sólo hay que ver cómo lo ha celebrado Arnaldo Otegi», ha señalado la diputada del PP María Jesús Moro.

El diputado popular Jaime Mateu Istúriz, familiar de víctimas de ETA, ha indicado además que la nueva ley sólo es una «bomba de humo» para intentar «encubrir» lo que considera pésima gestión del Gobierno ante la crisis económica.